En el mes de Junio, concretamente el día 19, el estado de las depuradoras en España fué objetivo del editorial del periódico El País, donde hacia un breve análisis de la realidad de la depuración de las aguas residuales en España.

Sin negar la importancia que supone que un periódico de la categoría de El País dedique una editorial a este tema, la visión que se da del problema en España queda difuminada por la implantación de la creencia absurda de que con la construcción de la depuradora se ha resuelto el problema.

El problema de la depuración en España es que las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.), una vez construidas, demandan unos costes de Operación y Mantenimiento (O&M) que tienen que sufragarse por los usuarios (aquí no vale Europa) y que suponen, por término medio y a lo largo de la vida útil (25 años), el doble de los costes de construcción.

Pero hay algo más: los costes de O&M dependen mucho del tamaño de la E.D.A.R. Para que nos hagamos una idea, los costes de O&M en función del tamaño de la planta son tan dispares como:

¿A qué no parece justo que un habitante de Valladolid pague hasta cuatro veces menos que uno de Olivares de Duero por depurar sus aguas residuales?

Para evitar esta aparente injusticia, se comete una mayor, los habitantes de muchos de estos municipios deciden no pagar los costes de O&M de la E.D.A.R. Resultado: Infraestructuras abandonadas, ríos contaminados, daños ambientales, etc.

¿Cómo se puede revertir esta situación? Algunas comunidades autónomas lo han resuelto con un canon de saneamiento, común para todos los usuarios de la comunidad con resultados dispares. Alguna ya ha decidido quitarlo.

En mi opinión, la solución pasa por dos pasos necesarios:

1. Crear un organismo estatal encargado de la gestión del CIA.
2. Implementar unas tarifas únicas del agua en todo el territorio peninsular, que incluya todos los costes asociados al Ciclo Integral del Agua (CIA) (Incluso los de amortización de las inversiones).

El importe recaudado se repartirá en tres partes iguales, una para el municipio (encargado de la gestión de O&M), otra para la comunidad autónoma (una parte para ayudar a los ayuntamientos con menos población para los costes de O&M y, la otra, para realizar inversiones para mejorar las infraestructuras del CIA) y la tercera parte irá al Estado para afrontar las nuevas infraestructuras necesaria en todo el territorio nacional.

El importe recaudado se repartirá, en tres partes iguales, una para el municipio (encargado de la gestión de O&M), otra para la comunidad autónoma (una parte para ayudar a los ayuntamientos con menos población para los costes de O&M y, la otra, para realizar inversiones para mejorar las infraestructuras del CIA) y la tercera parte irá al Estado para afrontar las nuevas infraestructuras necesaria en todo el territorio nacional.